Concesionario La Venezolana
Sobre el año 2014, miles de ciudadanos venezolanos (aprox. 7000) atendieron la oferta pública de venta de vehiculos chinos, de la empresa Concesionario La Venezolana, C.A., a quien pagaron total o parte del precio de los vehículos ofertados.
Ocurridos estos hechos la empresa vendedora no cumplió con la venta y entrega de los vehículos comprados, dando inicio a un proceso legal que luego de más 2 años de conversaciones directas entre grupos de afectados y autoridades públicas, y un lento proceso penal, no produjo ningún resultado favorable ni para la correcta administración de justicia, ni para la reparación de los daños ocasionados a las miles de familias venezolanas.
Mediante decreto presidencial se ordenó la ocupación del Concesionario La Venezolana y se nombró una Junta Administradora Ad-Hoc para que se reactivara la empresa y continuara su giro comercial, con el fin de lograr que los compradores recibieran los vehículos que compraron.
Para realizar este mandato, la Junta Ad-Hoc recibió en plena administración los activos del Concesionario La Venezolana, vale decir: cantidades de dinero en la banca nacional, cantidades de dinero en bancos extranjeros en divisas, flotas de vehículos del personal ejecutivo de la empresa, y los derechos sobre pagos realizados a las empresas chinas ensambladoras de lo vehículos.
Sin embargo, a pesar de que los nuevos administradores recibieron los cuantiosos activos y un mandato presidencial para responder a los afectados, pasaron dos años sin que las víctimas recibieran ningún tipo de solución, al contrario, no conocían el estado actual y manejo de los activos que realizaron tales administradores.
Tomando en cuenta esta situación ANAUCO presentó el 13 de julio de 2016 una demanda colectiva ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de exigir la debida rendición de cuentas de los administradores designados por el Ejecutivo Nacional, y procurar la intervención de la máxima autoridad judicial para que se reactive el proceso de importación y asignación de los vehículos a los afectados, tomando en cuenta eventuales pagos recibidos por las empresas chinas ensambladoras y los demás activos del concesionario.
Casi un año después, el 28 de junio de 2017, la Sanla Constitucional dictó sentencia admitiendo la causa. Se ha tratado de un juicia con una marcha lenta, años de actuaciones, hasta que finalmente en el presente año 2023, la Sala Constitucional ha reactivado la causa, el 9 de agosto 2023 se realizó la audiencia de juicio cuyo resultado se presenta satisfactorio para los demandante.
La Sala Constitucional dictó auto para mejor proveer, solicitando informes a todas las entidades del Estado involucradas en el caso y la constitución de una mesa de trabajo para procurar soluciones a favor de los miles de afectados demandantes. Actualmente se trabaja en función a este auto dictado como actualiciones preliminares a una sentencia que esperamos establezca el mecanismo para la importación y entrega de los esperados vehículos y con ello la restitución de los derechos de las miles de víctimas del caso representadas por ANAUCO.
