La situación actual de nuestro país frente al desabastecimiento y la inflación, constituye un caldo de cultivo para el menoscabo de los derechos fundamentales de los consumidores, no solamente se trata de no poder elegir bienes y servicios de calidad -derecho constitucional expresamente establecido en el artículo 117 de la Carta Magna, además nuestra capacidad de compra o poder adquisitivo están totalmente deteriorados, cada día que pasa debemos sacar algo de la lista de compras porque no podemos comprarlo.

Este escenario trae como ingrediente agravante que el empresario para subsistir ante las políticas públicas de control que les imponen condiciones y precios desfavorables, trate de compensar sus pérdidas con sacrificios de los consumidores, por ejemplo, modificando tarifas o mecanismos de cálculo para lograr sobrepasar los niveles inflacionarios y garantizar su rentabilidad, o limitando el servicio, es decir, sacrificando calidad de servicios. Por su parte el gobierno que pasa todas sus decisiones por la medición de costo político, está ideológica o discursivamente preso en sus ineficientes políticas, agravando cada vez más el desabastecimiento y la inflación.

Para graficar este problema podemos imaginar una mesa de ping – pong en un extremo el gobierno y en el otro los empresarios, ambos combatiendo para ganar el trofeo y en el medio la malla, es decir, los consumidores recibiendo los pelotazos de los dos competidores.